Familias españolas en Londres protestan por el cierre de siete ALCE que afectan a unos 500 alumnos

La administración no habla de cierre sino de reorganización y “dicen que pueden ir a aulas cercanas, pero esto supone un problema muy grande porque muchos niños ya no vivían donde estaba el aula y ahora el desplazamiento es el doble”, explica Carmen Pascual, presidenta de la Asociación de Familias Españolas en Reino Unido (AFERU), una entidad que se constituyó en 2013 para luchar contra la reducción del número de horas lectivas presenciales que pasó de 3 a 1,5 horas. Durante este tiempo se mantuvo “latente” porque no hacía falta porque solo había “temas puntuales” que “muchas veces se canalizaban a través del CRE (Consejo de Residentes Españoles)”.

Carmen Pascual asegura que muchos de los alumnos tendrán que dejar las clases porque su centro de estudios estará demasiado lejos, ya que con esta propuesta habrá alumnos que estén a 45 minutos del aula, lo que complica mucho la asistencia. “Los más pequeños, que son los que tienen las clases más temprano, no llegarán a tiempo, y los mayores saldrán muy tarde”, recalca la presidenta y miembro del CRE, quien remarca que, además, en algunos casos como el de Sloane Sq. se les manda a Portobello “que no es la zona más segura de Londres”.

Otra de las opciones que están barajando desde la Consejería de Educación es que las clases sean los sábados por la mañana en el Instituto Cañada Blanch y están preguntando por esta opción a las familias. “Hay gente a la que no le importa, pero para otra gente es imposible”, comenta Carmen Pascual, quien asegura que el motivo de ir a ese centro es que las aulas son gratis.

Para Pascual detrás de todo este cierre de aulas está un problema de mala gestión económica, ya que “en los años 2020 y 2021 no pagaban alquiler porque las clases se hacían ‘on line’, porque estábamos en confinamiento y con restricciones, entonces al año siguiente recortaron el presupuesto a la mitad y ahí nadie dijo nada. En 2022 bajan el presupuesto de 87.000 euros a 44.000 euros y el consejero que estaba entonces y la directora de ALCE de ese momento no protestaron ni dijeron que no llegaba el dinero para volver a presencial”.

“Ese déficit –subraya Pascual– se viene arrastrando desde 2022 y ahora dicen que no es viable el programa, que les faltan 25.000 libras y que las ahorrarían con este reajuste –como dicen ellos– de aulas”.

“Esto es una mala gestión de las personas que la han llevado, pero que no se la trasladen a las familias, si ellos son unos inútiles no tenemos culpa las familias”, enfatiza la presidenta de la Aferu.

La implicación de las familias para que se mantengan estas aulas es total y están barajando la posibilidad de constituir una agrupación y pagar el alquiler de las instalaciones para que los alumnos puedan acudir a los mismos centros, una opción que no convence a la Consejería. “El otro día cuando estuvo en la manifestación el consejero de Educación, Fernando Bartolomé, le preguntamos dónde pone el reglamento que los padres no puedan constituir una agrupación y pagar el alquiler del colegio porque los padres de Sloane Sq. están dispuestos a pagar el aula, pero la respuesta de la Consejería es que hay que preguntar en Madrid y ver si lo autorizan, aunque tampoco nos dicen cuánto va a tardar la respuesta”, se lamenta Pascual.

Otra de las soluciones que aportan las familias es que los alumnos a los que los nuevos centros les queden muy lejos, puedan recibir clases de manera telemática, “pero nos dijeron que en la pandemia se había visto que una clase ‘on line’ no puede sustituir a una clase presencial”. Para la presidenta de Aferu, esto se contradice con lo que les decían hace unos años cuando redujeron las horas presenciales a la mitad, pasando de tres horas semanales a una y media. “Ellos mismos –continúa– utilizan un argumento a favor o en contra, según les interesa”.  

Carmen Pascual se queja del “cúmulo de despropósitos e irregularidades”, como sucedió en el proceso de renovación de matrícula que, según explica, este año llamaron encuesta y contaba con una pregunta sobre si se quería continuar en el mismo centro y “desde ALCE hicieron un video explicativo y mandaron un correo electrónico para decirle a los padres que pusieran que no y los padres protestaban porque querían seguir. Si nos las cerráis tendremos que ir a otro sitio, pero no nos digáis lo que tenemos que poner, argumentaban”.

“No hay cariño con este programa y luego nos repatea que abran un instituto Cervantes y vayan los Reyes y hablen de Marca España, pero qué Marca España –se pregunta– si los mejores embajadores somos los propios españoles que vivimos fuera” y “nos toman por tontos”.

La presidenta de Aferu también mostró su malestar porque desde la Administración se esté intentando dividir a la colectividad “insinuando que, para abrir más aulas en el centro y norte del país, hay que cerrar en Londres y alrededor” cuando realmente no se van a abrir más aulas porque no tienen presupuesto.

En todo caso, y respecto al cierre de estas siete aulas, Pascual destaca que las familias “están muy movilizadas y tienen ganas de presentar batalla para que no nos tomen el pelo” y por eso, además de las movilizaciones, se ha abierto una colecta de firmas en change.org que ya cuenta con más de 2.000 firmas y se va a escribir al Defensor del Pueblo.